Publicado el 28 Nov 2017 / 2 comentarios

La necesidad de la educación de la ciudadanía

Autora: Petra María Pérez Alonso-Geta. Catedrática de Teoría de la Educación de la Universidad de Valencia.

 

El Estado Democrático de Derecho heredero de la ilustración, del que participamos en la cultura occidental, se asienta sobre el postulado antropocéntrico humanista de la dignidad del ser humano. Frente al concepto de súbdito se afirma la condición de ser libre y responsable en una sociedad participativa y democrática, lo que nos lleva a plantear la necesidad de promover el aprendizaje cívico moral de la ciudadanía dado que la democracia no es algo natural al ser humano, sino un consenso sobre los valores ético-políticos de la libertad y de la igualdad para todos. Es una invención histórica particular para la gobernanza y la toma de decisiones en condiciones de pluralidad. Surgen aquí dos formas de abordar la ciudadanía, entendida como una identidad social que hace referencia al papel del ciudadano en la vida social, o como una identidad política, que tiene que ver más con los derechos y deberes, y con las relaciones entre los individuos y de estos con el Estado. Es decir, con la participación ciudadana en el debate social y político, y la toma de decisiones colectivas propias de la sociedad civil.

La dignidad del ser humano es el fundamento del estado democrático de derecho.

La idea de “sociedad  civil” hace referencia a ciudadanos responsables y autónomos, preparados para ejercer las libertades individuales y el dominio personal. Individuos con conciencia de sus derechos y sentido de tutela ante cualquier arbitrariedad; desde la posesión de ciertos derechos sociales, civiles y políticos, pero también desde la obligación de cumplir con los deberes ciudadanos,  necesitamos ciudadanos respetuosos con el cumplimiento de la norma. Normas que el Estado Democrático tiene que exigir a sus ciudadanos con independencia de su credo o cosmovisión; en tanto estos se entienden no sólo cómo destinatarios de derechos, sino también como autores  mismos de Derecho.

Necesitamos ciudadanos respetuosos con el cumplimiento de la norma.

Las leyes del estado son normas que tienen frecuentemente un “contenido moral”, pueden incluso tener relación con el ideal moral del “buen ciudadano”; sin embargo, la norma moral no puede llegar a identificarse con la prescripción legal. Las normas morales tienen un status distinto al de las normas jurídicas, susceptible de garantía jurídica dentro de una comunidad política. No es posible por ley hacer realidad en los ciudadanos  la “areté”, la virtud que caracteriza, por ejemplo, la solidaridad. La virtud no es exigible por vía legal. Sin embargo, para la vida en una gran democracia es absolutamente necesaria la formación de la ciudadanía, la adquisición de “virtudes” cívicas y morales en el proceso de socialización y educación de los ciudadanos. Una buena identidad  social, pero sin olvidar la identidad política.

 

En torno a la necesidad de formación de la ciudadanía se plantean hoy, básicamente, dos cuestiones: si la educación de la ciudadanía ha de formar parte de la enseñanza escolar, o contrariamente la escuela y, más, la universidad sólo deben instruir, dejando esta tarea para la familia. Para unos, la escuela es el ámbito natural de la educación moral de la ciudadanía, mientras que otros piensan que el ámbito para estas enseñanzas no puede ser más que el familiar.

                       

El primer agente de formación de ciudadanos, la familia, ha ido perdiendo sus roles y estructura tradicionales teniendo que aprender a negociar las relaciones familiares sobre la base de la igualdad. Estamos hoy ante una familia que participa de las nuevas formas de regulación familiar, que son más débiles en los procesos de socialización y educación, y con una mayor individualización y libertad de sus componentes.  Bajo estas condiciones,  está emergiendo una nueva familia negociada y provisional, que ha perdido influencia en la educación de sus hijos. Además, las familias tradicionalmente podían, mediante la comunicación oral y escrita, seleccionar los contenidos de formación de las nuevas generaciones con la inculcación de valores como la superación personal, la prosocialidad, la lealtad,  el esfuerzo, etc. Contenidos que hoy en el mejor de los casos conviven con los mensajes que reciben en los medios de comunicación, en los que el culto personal y el consumo se exhiben más que las obligaciones humanitarias. Por su parte, las nuevas tecnologías de la comunicación han acabado con la posibilidad que tenía de seleccionar los contenidos que consideraba adecuados para los futuros ciudadanos, pues el lenguaje audiovisual de estos medios no puede ser tutelado.

Hoy, las familias son más débiles en los procesos de socialización y educación, y con una mayor individualización y libertad de sus componentes.

Además, en su función educadora nos encontramos con que existen en las familias diferentes niveles de formación o incluso total incompetencia para afrontar con éxito esta tarea; lo que en la práctica se traduce en desigualdad  de formación. En el momento actual,  no cabe asegurar que la familia garantice per se la formación de la ciudadanía.

 

La formación de la escuela, en el momento actual no puede ser sólo instrucción. De hecho, en las sociedades occidentales, la ciudadanía y la convivencia se han convertido en ejes fundamentales de la educación en la institución escolar. Todos los ciudadanos deben aprender y tener valores prosociales, aunque la escuela no entre en la fuente en que se sustente su prosocialidad, que puede tener raíces tan diferentes como el humanismo cristiano o el humanismo materialista ecologista. Estamos ante una cuestión esencial, ya que los valores morales y prosociales son absolutamente necesarios en la sociedad democrática, pero podrían desaparecer si no se fomentan y asientan en bases firmemente aceptadas.

 

En el estado constitucional, democrático y post-secular actual, la fuente de legitimidad la constituye el “procedimiento democrático” de producción del derecho. El proceso democrático es el que soporta toda la carga de legitimación. Pero la participación política, el procedimiento democrático, no puede garantizar que la sociedad no “descarrile”. La libre elección democrática no excluye motivaciones radicales y desestabilizadoras. La formación en la escuela de la ciudadanía es necesaria para promover el necesario desarrollo cívico y moral de los ciudadanos para evitar ese descarrilamiento. Pero no puede ser un instrumento al servicio de nadie.